Tras el escándalo con el que se firmó anoche el dictamen y con cambios que generaron más críticas de buena parte de la oposición y de entidades de prensa, el Gobierno busca darle media sanción en Diputados al polémico proyecto de ley de medios. El kirchnerismo busca quórum para arrancar una sesión que ya está demorada: estaba prevista para las 10. Se prevé un áspero y largo debate.
El oficialismo muestra optimismo. Esta mañana, antes del comienzo de la discusión en el recinto, el titular de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, vaticinó en declaraciones radiales que el polémico proyecto se aprobará porque "estamos convencidos de que vamos a tener el número".
"Hemos cumplido con todos los trámites y los procedimientos que indica el reglamento de la Cámara con absoluta transparencia", aseguró Rossi al referirse a la firma del dictamen de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, ocurrido anoche.
La oposición no plantea lo mismo. Anoche, los diputados de la UCR y el PRO se retiraron del plenario de comisiones con la denuncia de que no había quórum para poner a la firma el dictamen.
Más allá de las fuertes denuncias de irregularidades en el proceso administrativo, el kirchnerismo ofreció ayer cambios al proyecto original, algunos de fondo y la mayoría sólo cosméticos, a la caza de los votos necesarios de algunos grupos de centroizquierda. Y hubo más polémica.
El punto de conflicto principal con las modificaciones es el de la conformación de la autoridad de aplicación que reemplazará al Comfer. Se mantiene en la órbita del Poder Ejecutivo, como en el texto enviado por Cristina Kirchner al Congreso, pero además el Gobierno estaría en condiciones de armar una mayoría afín con cinco de los siete miembros del organismo, todos con mandato por cuatro años.
La autoridad que regulará el funcionamiento de los medios tendrá 2 representantes del Ejecutivo (uno de ellos será su presidente), 3 del Parlamento (de la primera, segunda y tercera minorías) y 2 del Consejo Federal (uno debe ser universitario) que cumplirá funciones de asesoramiento y estará dominado por los gobernadores. Las designaciones deben contar con el aval del Gobierno. Y tendrán vigencia hasta 2013; es decir, mucho más allá del 2011, cuando el kirchnerismo puede abandonar la Casa Rosada.
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