martes, 1 de septiembre de 2009

Críticas en Brasil a la ley de medios: "Cercena la libertad de expresión"



En un fuerte editorial, el diario Estado de Sao Paulo, uno de los más prestigiosos, sostiene que la iniciativa kirchnerista busca ejercer el "control estatal de los medios de difusión", así como "ocurría en tiempos de la dictadura militar". Por: San Pablol. Corresponsalía
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En una destacada editorial de su página 3, el diario Estado de Sao Paulo criticó el proyecto de ley de radiodifusión del gobierno de Cristina Kirchner. El matutino paulista sostuvo que el proyecto "avanza en la dirección de cercenar la libertad de expresión y del control estatal de los medios de difusión, recordando lo que ocurría en tiempos de la dictadura militar, al contrario de lo dicho por la Presidenta".

Afirma que Cristina "mantiene una relación conflictiva con la prensa argentina, que cuestiona varios de los aspectos de la administración federal". De acuerdo con la editorial, "lo que la prensa hace y ha hecho, en Argentina y en otros países, es analizar los actos del gobierno criticándolos cuando precisan ser criticados. Este es su papel en la democracia".

El diario Estado sostiene que es clara la intención de cercenar "los grupos empresariales del área de comunicación contrarios al gobierno". Indica que el proyecto de ley "limita a 10 el número de licencias para operación de TV abierta o de cable por empresa, cuando la ley actual permite que una empresa opere hasta 24 emisoras". Y añade: "Las que no estuvieran encuadradas en la nueva regla tendrán plazo de un año para cumplirlas. No por casualidad, una de las empresas en esa situación es la editora del diario Clarín, uno de los mayores críticos de la administración Kirchner".

Cuestiona que en casos como esos, "las empresas no puedan alegar derechos adquiridos para mantener las concesiones que poseen por la legislación actual en vigor. Tendrán que deshacerse de ellas, desistiendo de inversiones realizadas en el pasado y transfiriendo los bienes y derechos al precio que el comprador acepte pagar". Concluye: "Es una amenaza a la seguridad jurídica".

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