Llegó el turno de los constitucionalistas en el debate sobre la ley de medios K en el Senado. Esta mañana arrancó una nueva jornada en el plenario de comisiones con elogios a la intención de modificar la ley vigente, pero críticas a los puntos más cuestionados del proyecto oficialista.
El primer expositor, Daniel Sabsay, afirmó que hay aspectos del proyecto que van "contra la seguridad jurídica". El abogado sostuvo que la iniciativa tiene "puntos flacos" que atentan contra la "legalidad y razonablidad". También enfatizó que permitirá al Poder Ejectuivo actuar con discrecionalidad a través de la cuestionada conformación de la autoridad de aplicación.
Sabsay dijo que la iniciativa "resulta sumamente atractiva en sus enunciados", pero consideró que "sorprende que cuando vemos los medios que se propone a esos fines encontramos medios que parecen contrarios a esos fines".
En ese sentido, el constitucionalista cuestionó los "medios que se le dan al Poder Ejecutivo para el control de los contenidos", lo cual consideró que traspasa el standard internacional vigente.
También se presentó el constitucionalista y ex inspector general de Justicia Alberto González Arzac, pero a diferencia de Sabsay entendió que la iniciativa que tiene media sanción de la Cámara de Diputados "es perfectamente constitucional".
Otras críticas que se escucharon tuvieron como foco el plazo de desinversión de los licenciatarios, que el Gobierno plantea en un año. Bernardo Licht interpretó que ese plazo "no debería contarse como un año calendario a partir de la sanción de la nueva ley".
Por su parte, Félix Loñ apuntó el apuro oficialista y destacó la "necesidad de profundizar el debate, de serenarse y tratar de que sea una ley proyecto del acuerdo", porque -afirmó- "hay que pensar en grande y el país está mirando al Congreso".
En la segunda semana de discusión en la Cámara alta el oficialismo ratificó su intención de aprobar el proyecto que tiene media sanción de Diputados en un trámite veloz. La idea es emitir dictamen no más allá del viernes y bajar al recinto siete días más tarde, como indica el reglamento.
En Diputados no transcurrieron ni siquiera 24 horas entre una instancia y la otra, pero los senadores oficialistas se comprometieron a respetar la práctica habitual de la Cámara alta y fijar los tiempos por acuerdo.
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