EL gobierno de Mauricio Macri busca que los hechos de violencia y destrozos generados por agrupaciones kirchneristas y de izquierda en la zona del Congreso del lunes último, durante la aprobación de la reforma previsional, no queden en una investigación de delitos menores como resistencia a la autoridad, sino que pretende ir a fondo y que se investigue bajo la figura del delito penal de sedición.
El gran desafío para la Casa Rosada, entonces, consistirá en lograr que el juez federal Sergio Torres, que instruye la causa, pueda reunir elementos que conduzcan la investigación en ese sentido.
Si bien el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, está recopilando pruebas, fotografías, imágenes de canales de televisión y testimonios, también la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,está haciendo de soporte para la investigación criminal a través de las fuerzas de seguridad nacionales.
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