Las autoridades del Hospital Materno Infantil realizan gestiones desde hace varios meses para dar destino a 26 cadáveres que se hallan depositados en su morgue y que nadie reclama.
Cierto vacío legal al respecto llevó a los directivos del Hiemi a pedir asesoramiento en la Fiscalía General y también en la Asesoría de Menores, aunque al no tratarse de un conflicto que pueda ingresar en el sistema penal la solución depende de la respuesta de los familiares de los menores fallecidos.
"Es un tema bastante peculiar y delicado, porque en la mayoría de los casos el Hospital ya realizó las notificaciones pero no hubo ninguna novedad, por lo que se pidió a la Justicia alguna información sobre si existía la comisión de delito en caso de disponer un entierro de caridad", informó una fuente del nosocomio.
De acuerdo a distintas averiguaciones efectuadas por LA CAPITAL, los cuerpos pertenecen a menores que fallecieron de manera no traumática, en algún caso hace ya más de cinco años, y que están depositados en la morgue del hospital ubicado en Alvarado entre Santiago del Estero y Santa Fe.
El fiscal general Fabián Fernández Garello, hace ya dos meses, fue consultado por las autoridades del nosocomio, que vieron un conflicto para actuar bajo el mandato de su protocolo de intervención para el destino de cuerpos sin ser reclamados.
Luego de que informaran al fiscal general que todos los cadáveres contaban con certificado de defunción y que no habían fallecido por causas traumáticas sino que las muertes habían derivado de patologías clínicas, se estableció que no había ningún incidente penal. Sin embargo, las autoridades del hospital quisieron saber si, en caso de disponer de los cuerpos a la Municipalidad para el entierro de caridad, se estaba incurriendo en alguna conducta anómala.
Tras esa reunión, y consultada también la asesora de menores Silvia Fernández (explicó que solo era de su competencia el menor con vida, no fallecido), se acordó una nueva instancia de comunicación para las familias de los 26 cadáveres.
El problema -trascendió- es que la identidad de los cuerpos revela que sus padres forman parte de grupos familiares de clase baja, desplazados del sistema y en muchos casos marginales. Esto provoca que las comunicaciones no lleguen jamás y que no puedan ser localizados físicamente los parientes.
"Más allá de la condición de los deudos, toda persona tiene derecho a saber el destino final de sus familiares. Por tal motivo no se ha dado a los cadáveres su sepultura hasta no poder notificarlos", explicó la misma fuente.
El Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil posee una morgue que se emplea para preservación de cuerpos y tiene una capacidad de frío limitada. Debido a la gran cantidad de cadáveres se afecta el normal funcionamiento, por lo que además del conflicto humanitario que supone esta situación, también se advierte una cuestión operativa.
En las últimas semanas las autoridades del hospital coordinaron labores, a través de asistentes sociales, para notificar a los familiares de los menores fallecidos.
En caso de agotarse esta vía sin respuestas entonces quien debe intervenir es la Municipalidad que, tal como sucede con indigentes que fallecen, se brinda el servicio conocido como entierros de caridad. Esto consiste en la asignación de un féretro, una tumba en tierra y la sepultura del cuerpo, trámite que queda debidamente corroborado en documentación que puede ser consultada ante la potencial aparición de familiares del muerto.
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