miércoles, 25 de abril de 2018

Ritondo presenta proyecto para combatir a los “motochorros”

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, acompañado del bloque de Cambiemos, presentará a las 10 hs en la Cámara Baja el proyecto de ley para combatir este tipo dedelitos. Se trata de un proyecto que busca frenar los robos perpetrados por delincuentes en motocicleta. El proyecto lleva las firmas de los diputados bonaerenses, Carolina Píparo, Matías Ranzini y Martín Domínguez Yelpo (Cambiemos), quienes elaboraron el proyecto oficial junto a Ritondo.
La propuesta señala que los motociclistas deberán llevar el casco reglamentario con la patente adherida, usar chaleco reflectante con el dominio del vehículo grabado, tanto para el conductor como para el acompañante, y la prohibición de circular de a dos en ciertas zonas y en ciertos horarios a determinar por cada municipio. A su vez, en algunos lugares será obligatorio el chaleco aún cuando el conductor viaje solo. Asimismo, las estaciones de servicio no podrán vender nafta a motociclistas que no cuenten con las medidas reglamentarias establecidas en la ley, caso contrario sufrirá multa quien lo realice.
De acuerdo a los  números que manejar en el Ministerio de Seguridad provincial, durante la actual gestión fueron secuestradas más de 250 mil motos, 22 mil de ellas “vinculadas con un delito, como salideras bancarias, narcomenudeo o asaltos”.
Ranzini apuntó que “tenemos dos puntos importantes en el proyecto, uno tomar este trabajo como algo para afrontar esta modalidad del delito que es violenta y es una de las principales preocupaciones de los vecinos. Y otro, que no es una cuestión general de qué chalecos se utilizará, sino que, respetando la autonomía municipal, son los municipios quienes van a decidir en qué perímetro y franja de días y horarios regirá el uso del chaleco de forma obligatoria”.

Ante lo mencionado por Ranzini, el proyecto facultará a los intendentes a adherirse o no a la iniciativa, es por eso que serán ellos quienes determinen el sector y los días para la aplicación de la norma. Eso se evaluará en función de los índices de delito y de la cantidad de habitantes.

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